¿Reaparecen las listas negras de activistas de izquierdas tras la llegada al poder del PP? ¿Asistimos como en el franquismo a una nueva caza de brujas? ¿Imita el Gobierno de Rajoy al macarthismo? El movimiento 15M ha sacado a la luz pública que la Subdelegación del Gobierno en Córdoba está presentando denuncias contra personas a las que acusa de cometer actos ilegales durante la manifestación del 21 de febrero. Esta movilización se organizó por medios de las redes sociales en solidaridad con los detenidos en Valencia en las manifestaciones del instituto Lluís Vives. Según representantes del movimiento 15M. dichos envós de sanciones podrían alcanzar un número de doce denuncias.Una de las personas que ha recibido la carta anunciándoles el inicio del expediente sancionador es el miembro de IU Juan Antonio Aguilar, al que acusa de ser organizador de “una manifestación que no fue comunicada a la autoridad competente y en la que congregó a 150 personas”, reza la denuncia. El mismo documento añade que Aguilar participó en varias sentadas en las que interrumpió el tráfico.
El problema es que Aguilar, sobre el que ya pesan otras dos denuncias similares por manifestaciones pasadas, defiende que nunca estuvo en esa convocatoria y que su denuncia responde, además de a una persecución, a la existencia de “listas negras” en la Subdelegación cordobesa. Esta mañana, Aguilar, acompañado por la parlamentaria de IU Alba Doblas y el coordinador de la formación en la provincia, Pedro García, ha entregado en la Subdelegación las actas de una asamblea del Consejo Local de la Juventud, celebrada el mismo día y hora de la manifestación de febrero. A las actas se añaden las firmas de 17 personas que también estuvieron en ella. “Esta vez mi delito es estar en esa asamblea, porque no han presentado ningún tipo de justificante ni de prueba de que estuviese en la manifestación. Simplemente hacen una acusación directa.
“Incluso la Brigada de Información declara ante la Subdelegación que me vieron cortar la carretera y me vieron portar pancartas”, señala, afirman en declaraciones a El País los denunciados, Aguilar, Doblas y García, que aseguran que una de las cosas que más les llama la atención es que el mismo subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, se “hiciese cargo de la denuncia y la firmase él mismo”. Según señalan , la Policía les ha dicho que las denuncias se basan en los registros de una cámara de vigilancia que registró aquella marcha. La manifestación circuló a lo largo de dos horas por el centro de Córdoba, interrumpiendo brevemente el tráfico en las zonas por donde pasaba, pero sin ocasionar mayores problemas.
“Estamos ante un hecho gravísimo. Esta denuncia constata que existen listas negras dentro de la Subdelegación del Gobierno que se aplican automáticamente a toda movilización”, acusa Doblas. Ella misma participó en la manifestación del 21 de febrero. “Hay que destacar que en todo momento estuvimos acompañados de la policía local y en ningún momento nos advirtieron de que estuviéramos realizando altercados ni hechos perniciosos ni nos dijeron que nos disolviéramos porque la manifestación fuese ilegal”, recuerda la parlamentaria de IU por Córdoba. Doblas afirma que ha habido miembros de piquetes informativos que participaron en la última huelga general que también han sido apercibidos por quema de neumáticos y destrozos, “algo absolutamente falso”. “Estamos ante la evidencia de que vamos hacia un Estado fascista”, concluye.
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