Carlos Fabra podría ser uno de los últimos políticos imputados españoles que podrá disfrutar de la posibilidad de aliviarse sobre la mesa de los magistrados que le estén juzgando, sin temor a incurrir en la comisión de una falta grave y, por lo tanto, tener que abonar hasta setecientos euros de multa o cumplir una condena de setenta y dos horas sin estafar a los ciudadanos.
A partir de enero de 2014, una nueva ley obligará a que todos los corruptos imputados vayan al baño antes de entrar en la sala, o bien aprovechen los recesos que conceda el juez para tal menester durante el juicio, pues la clásica costumbre de orinar sobre la mesa del magistrado estará tipificada como falta grave, e incluso muy grave si durante la micción se mojan y arruinan documentos relevantes para la causa. El orín vertido sobre las pruebas solicitadas por los jueces no se tendrá en cuenta, como ha sido el caso en la entrega de los ordenadores de Bárcenas al juez Ruz.
"Quiero que mis chicos vengan meados de casa", ha dicho Gallardón, refiriéndose a los miembros del PP imputados en casos de corrupción. Sin embargo, la medida ha causado un enorme malestar entre los más de trescientos políticos españoles, incluyendo a los del PSOE, que están ahora mismo implicados en alguna causa, y que exigen, al menos, que se les deje orinar en los zapatos de los jueces.
El ministro de Justicia ha sido tajante. "Nada de mearse en la sala", ha dicho.
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